La discusión en torno a la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido atrapada en una falsa dicotomía: por un lado, quienes la defienden como una expresión de austeridad republicana y democratización; por otro, quienes la rechazan desde la oposición, denunciando “riesgos autoritarios”. Sin embargo, ambas posiciones comparten la misma limitación fundamental: ninguna cuestiona de raíz el modelo político como engranaje del orden capitalista contemporáneo.
De parte del gobierno, la reducción del gasto en congresos, organismos electorales y estructuras municipales puede parecer, en apariencia, una medida razonable. El exceso de burocracia, los privilegios de la clase política y el distanciamiento entre representantes y representados son problemas reales. Pero la cuestión central no es cuánto cuesta la política, sino a qué intereses sirve. Un sistema político puede ser austero y, sin embargo, seguir siendo profundamente funcional a las lógicas del capital financiero, a la subordinación económica y a la dependencia estructural.
En realidad, pese a la retórica populista del gobierno, los argumentos del oficialismo beben mucho de la lógica neoliberal a la que supuestamente critican, ya que el discurso de la austeridad se encuentra imbuido de una ambigüedad engañosa. A lo que voy, es que puede interpretarse como una forma de racionalización del gasto público en beneficio del pueblo, pero también como una adaptación del Estado a la lógica empresarial: hacer más con menos, recortar estructuras, reducir mediaciones, concentrar decisiones. La política se convierte así en una administración eficiente, no en un espacio de conflicto y transformación. En lugar de democratizar la vida pública, se corre el riesgo de tecnocratizarla bajo el lenguaje de la austeridad.
Por otro lado, la reducción de regidurías y espacios de representación local plantea un problema más profundo: la reducción de la representación política. Aunque lamentablemente, muchas de estas posiciones hayan sido utilizadas como cuotas partidistas, también representan (al menos potencialmente) canales de participación y mediación territorial socialmente válidos. Reducirlas sin transformar el modelo de representación puede significar, en la práctica, menos voces, menos comunidad política y mayor concentración del poder, situación que hemos venido presenciando desde que la participación política se encuentra coartada por las cuotas de género, por ejemplo.
Aquí, la crítica de la oposición suele enfocarse mucho en la denuncia del “autoritarismo” de estas medidas. Sin embargo, esta crítica resulta insuficiente y, en cierto sentido, hipócrita. En general, las “democracias” modernas convencionales dominadas por el centro-progresismo han sido históricamente incapaces de cuestionar el poder real del capital sobre la democracia. Ciertamente, defienden procedimientos, “contrapesos” formales y autonomías institucionales, pero ignoran que las decisiones fundamentales no se toman en los congresos, sino en los mercados, en las corporaciones y en las estructuras financieras globales. Así, la defensa aparentemente democrática de los organismos autónomos se convierte muchas veces en la defensa de un orden donde lo económico domina sobre lo político.
Siguiendo con esta misma narrativa, la propuesta de limitar salarios y prestaciones en organismos electorales responde a un malestar legítimo frente a una élite burocrática desconectada de la realidad social. No obstante, el problema no es únicamente el nivel salarial, sino la naturaleza misma de estas instituciones, que operan dentro de un marco donde la democracia se reduce a procedimientos electorales programados cada cierto tiempo, pero sin potencial real para incidir en las estructuras económicas. Reducir los “privilegios” puede resultar atractivo a primera vista pero no altera este hecho fundamental. Además, el burocratismo no solo es consecuencia del exceso de puestos de confianza. Lejos de eso, es consecuencia de un sistema político y un marco legal que donde la corrupción funciona como lubricante y engrudo a la vez. Sin el desmantelamiento de la república actual y su sustitución por un nuevo orden, cualquier intento por reformar las instituciones será insuficiente.
En cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana mediante consultas populares, la idea resulta atractiva en abstracto. Pero sin una ciudadanía organizada, formada y arraigada en comunidades reales, estas herramientas pueden convertirse en mecanismos plebiscitarios que legitiman decisiones previamente tomadas. Además, es importante señalar que en la historia reciente del país, estos instrumentos han resultado ser un rotundo fracaso, no solo por el ridículo porcentaje de votantes que acude a las mesas sino también por la irrelevancia de los temas sometidos ante la opinión pública. La participación sin comunidad degenera en masa; la consulta sin deliberación se transforma en mera ratificación.
Hoy, muchos aspectos relativos a la reforma electoral y al mejoramiento de las instituciones democráticas del país son objeto de crítica o reevaluación con excepción de una sola cosa: la lógica de las cuotas obligatorias, particularmente las de género. La imposición de criterios cuantitativos para garantizar la presencia de mujeres en listas electorales responde a una visión mecanicista de la política, donde la representación se mide en términos numéricos y no cualitativos. Esto no solo reduce la política a una ingeniería social, sino que puede desvirtuar el principio de representación al priorizar la identidad sobre la capacidad, la trayectoria o la legitimidad popular. La verdadera dignidad política no proviene de cuotas impuestas, sino de la participación libre y del reconocimiento social genuino.
Aquí también la crítica opositora falla, pues hasta los más fervientes adversarios del obradorismo como Lily Tellez suelen defender estas cuotas como expresión de igualdad formal, sin cuestionar que dicha igualdad se construye sobre una concepción abstracta del individuo, desligada de comunidad, tradición y función social. El resultado es una política cada vez más fragmentada, donde los sujetos son definidos por sus características individuales y no por su pertenencia a un proyecto común.
Conviene además señalar que esta reforma, presentada como ajuste electoral, contiene en realidad elementos propios de una reforma laboral encubierta. La reducción de regidurías, asesores, estructuras administrativas y salarios implica, de facto, una contracción del empleo público bajo el discurso de la eficiencia. Si bien es legítimo cuestionar la existencia de plazas innecesarias o clientelares, no puede asumirse sin más que toda reducción de plantilla equivale a progreso porque el trabajo no es simplemente un costo a minimizar, sino un componente central de la vida social y de la dignidad humana. La eficiencia, por tanto, debería conciliarse con la preservación del empleo digno y con la función social del Estado como garante de estabilidad. De lo contrario, la austeridad termina reproduciendo la lógica empresarial del recorte permanente, donde el trabajador es tratado como variable de ajuste y no como sujeto político.
En última instancia, tanto la reforma como sus críticos operan dentro del mismo horizonte neoliberal capitalista donde la política ha sido vaciada de contenido sustantivo y permanece subordinada a dinámicas externas. La reforma propone ajustar el aparato; la crítica opositora defiende su equilibrio; pero ninguno de los dos cuestiona el hecho de que el Estado mismo ha sido progresivamente reducido a un gestor de intereses económicos.
Una verdadera crítica debería ir más allá: no se trata de hacer más barata la política, ni de preservar sus formas actuales, sino de nacionalizar la sociedad, reconstruir vínculos comunitarios, recuperar la soberanía económica y devolver a la política su función esencial como espacio de decisión colectiva sobre el bien común.
Sin esta transformación, cualquier reforma será, en el mejor de los casos, un ajuste superficial o en el peor, una profundización silenciosa de la misma lógica que dice combatir.