Si bien los medios de comunicación informan día a día acerca de las terribles ejecuciones, secuestros, extorsiones y ahora atentados terroristas a cargo de las mafias en nuestro país, una gran parte de la población continúa viviendo en un estado mental de feliz ignorancia.
Por supuesto, esto no quiere decir que la gente sea tonta o que no vea las noticias sino simplemente, que el hecho de que la violencia criminal haya sido una constante desde el inicio del sexenio de Calderón en el 2006, induce a las mayorías a pensar lo actual es una continuación o escalamiento de lo que ya hemos vivido en los últimos 20 años. El estancamiento económico, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo, la corrupción y otros problemas parecen seguir, en el papel, patrones semejantes a lo que ya estamos acostumbrados.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre los fenómenos observables en los últimos años y los de ahora, porque a diferencia de lo que pasaba en el sexenio de Calderón, los maltrechos instrumentos institucionales que hacían posible la continuidad de lo cotidiano prácticamente han desaparecido.
Hasta ahora, el grueso de las amas de casa ni las personas jóvenes ni los adultos mayores, que constituyen una parte significativa de nuestra población, se están viendo afectados en su cotidianidad. Sin embargo, quienes deben llevar sobre nuestros hombros el peso del trabajo, del comercio, de las relaciones sociales y del contacto diario con instituciones y empresas, irremediablemente empiezan a experimentar una indefensión que ya no es privativa de los campesinos extorsionados en zonas rurales o a los dueños de los giros negros.
Hoy, el problema de la delincuencia cibernética, la extorsión y la imposibilidad de defender los derechos ciudadanos frente al quebrantamiento flagrante de los mismos por parte de los bancos, los proveedores de servicios de telecomunicaciones, las empresas particulares y los distintos niveles de gobierno, empiezan a alcanzar a segmentos importantes de la clase media y de los trabajadores mexicanos.
En el México de la 4T, por ejemplo, la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en su momento era una herramienta muy útil para el ciudadano afectado por los abusos monopólicos de Telcel, por ejemplo, nos ha dejado casi completamente inermes.
Hoy, cualquiera que se vea forzado por las circunstancias a acudir a la PROFECO para reportar las irregularidades de la CFE, de un proveedor de internet o de una aerolínea, se dará cuenta que es prácticamente imposible ganar algún caso.
La CONDUSEF, por su parte, es inaccesible para el ciudadano de a pie cuyas prerrogativas son violentadas por bancos o instituciones financieras virtuales, las cuales en muchos casos ni siquiera están reguladas. En aquellos casos donde es posible acudir a esta instancia, uno puede dar por sentado que el banco o la corporación financiera acabará saliéndose con la suya. Además, los plazos para recibir una respuesta favorable o desfavorable son enormes y cada vez somos más los ciudadanos que nos percatamos del modo en qué estas instituciones se han convertido en comparsas de los capitalistas monopólicos que abusan de la población masivamente.
Algunos partidarios del régimen dirán, que por lo menos el gobierno de Sheinbaum y la nueva Suprema Corte (controlada por éste) “está haciendo algo contra los abusos de Salinas Pliego”. No obstante, este argumento se desploma estrepitosamente, pues eventualmente, el dinero que Salinas Pliego pueda pagar al SAT no beneficiará en modo alguno al ciudadano de a pie. Lejos de eso, irá a parar a las arcas del gobierno y de los ineptos burócratas qué vegetan en los escritorios y las ventanillas mientras Elektra y sus similares continuarán sus actividades usureras en perjuicio de todos.
En el México de la 4T, la cantidad de ciudadanos que ha logrado revertir algún abuso económico de Salinas Pliego o de cualquier otra institución bancaria es irrisoria a comparación de los millones de cuentahabientes que resultan perjudicados día a día por la usura de los prestamistas.
La 4T, pese a su retórica a favor de los pobres y los marginados, ha abandonado a las mayorías populares que hoy se ven inermes ante los bancos, los delincuentes y las empresas nacionales y extranjeras que gozan de una posición privilegiada gracias a su cercanía con los nuevos dueños de la política nacional.
Día con día, las arbitrariedades a cargo no nada más de los legisladores, de los jueces o del gobierno sino de todo aquel que tiene una porción del poder compartida por el paraíso del asistencialismo obradorista aumentan en número y en gravedad.
Hoy, el ciudadano de a pie está siendo inducido a cambiar cualquier tipo de ambición personal, colectiva o nacional por una ayuda mensual en efectivo y no deberíamos subestimar los efectos que esto puede tener a largo plazo.
Lamentablemente, cuando llegue el momento en que las mujeres, los jóvenes o los adultos mayores, que en el papel se han visto beneficiados por las prebendas del régimen, se vean afectados en sus vidas cotidianas, seguramente será demasiado tarde. Y eso es porque cuando toquemos fondo, la salud mental de una parte importante de nuestra población estará lo suficientemente dañada por el conformismo como para imposibilitar cualquier reacción consciente ante el sombrío panorama que se avecina.