En los últimos años se ha vuelto común escuchar a diversos políticos mexicanos expresar una profunda indignación por los apagones que ocurren en Cuba. En declaraciones públicas, tribunas legislativas y redes sociales, algunos de ellos denuncian con vehemencia que las dificultades del sistema eléctrico cubano son consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. El tono suele ser dramático: se habla de injusticia, de solidaridad latinoamericana y de la necesidad de denunciar los efectos del embargo. Sin embargo, esa indignación pública contrasta de manera notable con el silencio que esos mismos actores mantienen frente a los problemas cotidianos del sistema eléctrico mexicano. Mientras se rasgan las vestiduras por los apagones en otro país, parecen mostrar una sorprendente tolerancia ante las fallas constantes que afectan a los usuarios domésticos en sus propias ciudades.
La contradicción resulta evidente para cualquiera que observe la realidad cotidiana del suministro eléctrico en México. En muchas zonas urbanas del país, los apagones siguen siendo un fenómeno recurrente. Basta una lluvia intensa, una tormenta eléctrica o incluso ráfagas moderadas de viento para que barrios completos se queden sin electricidad durante horas. En ocasiones los cortes se prolongan durante buena parte del día, afectando no sólo a los hogares, sino también a comercios, escuelas, hospitales y pequeñas empresas que dependen de un suministro estable para operar. Sin embargo, estos episodios rara vez generan la misma indignación pública por parte de los dirigentes políticos que sí se manifiestan con tanta fuerza cuando el problema ocurre fuera de nuestras fronteras.
El caso resulta aún más llamativo si se considera que México es una de las principales economías de América Latina. Un país con un producto interno bruto de gran tamaño, con importantes recursos naturales y con una larga tradición de infraestructura energética debería aspirar a estándares mucho más altos en la calidad de su red eléctrica. Sin embargo, en muchas ciudades mexicanas el paisaje urbano sigue dominado por postes saturados de cables eléctricos, telefónicos y de televisión por cable que se entrelazan de manera caótica sobre las calles. Estos cables colgantes no sólo afectan la estética urbana, sino que también reflejan una infraestructura vulnerable y envejecida.
En contraste, otros países latinoamericanos han realizado esfuerzos significativos para modernizar sus redes eléctricas. En ciudades de países como Chile, por ejemplo, se han implementado programas sistemáticos para enterrar el cableado eléctrico en zonas urbanas densamente pobladas. Esta transición hacia redes subterráneas reduce la exposición del sistema eléctrico a fenómenos climáticos, disminuye el riesgo de interrupciones del servicio y mejora considerablemente el entorno urbano. El hecho de que un país con los recursos y la importancia económica de México no haya avanzado de manera comparable en este tipo de modernización plantea preguntas legítimas sobre las prioridades de inversión en el sector eléctrico.
La situación se vuelve aún más paradójica cuando se observa la forma en que los problemas del sistema eléctrico mexicano son minimizados o tratados como incidentes aislados. Los apagones locales suelen explicarse mediante causas inmediatas —una tormenta, una falla técnica, un transformador dañado— sin que se aborde de manera más profunda la vulnerabilidad estructural de la red. Cada episodio se presenta como un evento circunstancial, aunque la repetición constante de estas interrupciones sugiere la existencia de problemas más amplios relacionados con el mantenimiento, la planificación de infraestructura y la inversión en modernización.
Mientras tanto, el debate político nacional se llena de declaraciones enfáticas sobre situaciones externas. Los apagones en Cuba se convierten en motivo de discursos, pronunciamientos y condenas diplomáticas. La narrativa se centra en la responsabilidad de factores internacionales, especialmente las sanciones económicas estadounidenses, y en la necesidad de mostrar solidaridad con el pueblo cubano. Sin embargo, rara vez se escucha la misma energía retórica cuando se trata de discutir los apagones que experimentan los ciudadanos mexicanos en sus propios hogares.
Esta actitud revela una tendencia frecuente en la política: la facilidad de denunciar problemas lejanos mientras se evita confrontar las deficiencias internas. Hablar de los problemas de otro país permite adoptar una postura moral sin asumir responsabilidades directas. En cambio, abordar las fallas del sistema eléctrico nacional implicaría reconocer errores de gestión, deficiencias institucionales o decisiones de inversión cuestionables. Por ello, la crítica externa puede resultar políticamente más cómoda que la autocrítica.
El problema es que esa falta de atención hacia las deficiencias internas tiene consecuencias concretas para millones de ciudadanos. Cada apagón representa pérdidas económicas, interrupciones en la vida diaria y, en algunos casos, riesgos para la salud y la seguridad. En una economía moderna, la electricidad no es un lujo sino un servicio esencial. La estabilidad del suministro eléctrico es fundamental para la productividad, la educación, la comunicación y el bienestar general de la población.
Además, la calidad de la infraestructura eléctrica es un indicador importante del nivel de desarrollo de un país. Las redes eléctricas modernas requieren inversiones constantes en mantenimiento, modernización tecnológica y expansión de capacidad para acompañar el crecimiento urbano y económico. Cuando estas inversiones no se realizan con la intensidad necesaria, el sistema comienza a mostrar signos de fragilidad: fallas frecuentes, pérdidas técnicas elevadas y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos relativamente comunes.
En este contexto, el contraste entre la indignación política hacia problemas externos y la indiferencia frente a las deficiencias internas resulta especialmente problemático. La solidaridad internacional es una virtud valiosa y legítima. No hay nada reprochable en expresar preocupación por las dificultades que enfrentan otros pueblos. Sin embargo, esa solidaridad no debería convertirse en una forma de evasión frente a las responsabilidades nacionales. Antes de denunciar con tanta vehemencia los problemas energéticos de otros países, sería razonable examinar con igual rigor la situación del propio sistema eléctrico.
El principio de que “la caridad empieza por casa” sigue siendo una guía útil para evaluar este tipo de comportamientos políticos. Si los dirigentes públicos desean presentarse como defensores de los derechos y el bienestar de los pueblos, su primera responsabilidad debería ser garantizar que los ciudadanos de su propio país cuenten con servicios públicos confiables y modernos. La crítica a las políticas internacionales de otros gobiernos puede formar parte del debate político, pero no debería servir como sustituto de la atención a los problemas domésticos.
México tiene la capacidad económica, técnica y humana para desarrollar un sistema eléctrico más robusto y moderno. Existen ingenieros, empresas y recursos financieros suficientes para avanzar hacia redes más resilientes, mayor mantenimiento preventivo y una infraestructura urbana más ordenada. Lo que parece faltar, en muchos casos, es la voluntad política de colocar estas prioridades en el centro del debate público. Mientras las discusiones se concentren en problemas externos, las deficiencias internas seguirán acumulándose sin recibir la atención necesaria.
Por ello, sería deseable que el debate político sobre la energía eléctrica en México adoptara un enfoque más equilibrado. Reconocer las dificultades que enfrentan otros países puede ser parte de una visión solidaria del mundo, pero esa solidaridad debería ir acompañada de una mirada crítica hacia la propia realidad nacional. Antes de indignarse por los apagones en otros lugares, los dirigentes políticos podrían comenzar por preguntarse por qué, en muchas ciudades mexicanas, la electricidad sigue fallando cada vez que el cielo se nubla o el viento sopla con un poco más de fuerza de lo habitual.
Solo cuando la atención política se dirija con la misma intensidad hacia los problemas internos será posible avanzar hacia un sistema eléctrico que esté a la altura de las aspiraciones de una economía moderna. Mientras tanto, el contraste entre los discursos encendidos sobre crisis energéticas ajenas y el silencio frente a las propias seguirá siendo un recordatorio incómodo de que, en política, la coherencia entre palabras y realidad sigue siendo una tarea pendiente.