En la década pasada, Rosario Robles y otros actores políticos impulsaron la despenalización del aborto en la Ciudad de México bajo el argumento de reducir la mortalidad materna y combatir los riesgos asociados a prácticas clandestinas. La narrativa dominante afirmaba que la legalización mejoraría directamente las condiciones de salud pública y promovería un ejercicio más responsable de la sexualidad.
Sin embargo, a más de una década de distancia, la evidencia empírica muestra un panorama mucho más complejo. Los resultados no han correspondido plenamente con las proyecciones iniciales; en algunos indicadores, incluso persisten tendencias que contradicen los objetivos declarados de la reforma.
1. Persistencia de la mortalidad materna asociada al aborto clandestino
A pesar de la legalización, los abortos inseguros continúan representando alrededor de un 10% de las muertes maternas en la Ciudad de México. Esto sugiere que la legalización por sí sola no elimina las prácticas clandestinas. De hecho, persisten barreras socioculturales y económicas para acceder a la atención médica, y existe un sector significativo de mujeres que continúa fuera del sistema formal de salud.
La expectativa de que la reforma erradicaría el problema no se cumplió. La mortalidad materna se ha mostrado más resistente, revelando la profundidad estructural de las desigualdades en salud.
2. La planificación familiar responde más a factores económicos que a factores normativos
Durante los años de bonanza económica entre 2006 y 2007 —cinco años después de la despenalización— se observó un repunte en la tasa de natalidad. Lejos de indicar un retroceso, este fenómeno confirma un punto clave: la economía es el principal motor de la decisión reproductiva, no la opción de interrumpir el embarazo.
Cuando se fortalece la seguridad económica, se incrementa la disposición a formar familias. En cambio, en contextos de precariedad las familias tienden a postergar o evitar la crianza.
Los comportamientos reproductivos, en suma, están más ligados a temas como el empleo estable, la accesibilidad a vivienda, las expectativas de movilidad social y la percepción del futuro, más que a cualquier régimen legal en materia de aborto.
3. La reincidencia en abortos y la ausencia de un cambio cultural
Para 2018, se registraba que más de 11,000 mujeres habían solicitado más de un aborto en la Ciudad de México. Este dato cuestiona directamente la idea de que la despenalización fomenta una cultura de responsabilidad sexual.
Asimismo, los indicadores muestran que las solicitantes más frecuentes son estudiantes de preparatoria, universitarias y mujeres jóvenes sin hijos, mientras que los sectores más pobres y con mayor número de hijos —los que supuestamente serían “empoderados” con la reforma— recurren al aborto en menor proporción.
Esto apunta a que el aborto legal se ha concentrado en segmentos urbanos con cierto capital educativo, y no ha operado como una herramienta de equidad para los sectores vulnerables.
4. Un enfoque no religioso: el criterio del bienestar común
El debate público sobre el aborto suele polarizarse entre posturas religiosas y posturas individualistas. Sin embargo, existe un tercer enfoque: la perspectiva comunitaria, que examina el fenómeno desde el punto de vista de la sostenibilidad demográfica, la salud pública y el futuro colectivo de la nación.
Este enfoque sostiene que lo moralmente correcto es aquello que:
- fortalece a la sociedad,
- sostiene el relevo generacional,
- promueve la cohesión social,
- y garantiza la continuidad cultural y económica.
En otras palabras: la moral pública se mide por su capacidad de promover el bien común a largo plazo, no por satisfacer exclusivamente preferencias individuales.
5. La importancia del relevo generacional y la resiliencia social
En el pasado reciente, las familias numerosas estaban expuestas a riesgos que hoy son menos frecuentes gracias a la medicina moderna. La mortalidad infantil era alta, y cada nueva generación emergía de una combinación entre condiciones adversas, aprendizajes comunitarios y estructuras familiares amplias.
El resultado fue una población acostumbrada a la adversidad, con elevados niveles de resiliencia social y fortaleza emocional. No se trata de idealizar el sufrimiento, sino de reconocer que la estructura familiar amplia, los vínculos intergeneracionales y el sentido de continuidad social, produjeron comunidades cohesionadas y emocionalmente robustas.
Hoy, en cambio, la fragmentación familiar, la reducción drástica de la natalidad y la desarticulación comunitaria generan sociedades más aisladas, vulnerables y ansiosas. No es casualidad que aumenten los trastornos emocionales, la soledad y la fragilidad social en general.
6. La interrupción masiva de nacimientos y su impacto en la sostenibilidad social
El aborto generalizado —especialmente cuando se presenta como una práctica frecuente, incluso reiterada— tiene efectos que van más allá de la dimensión individual porque altera la pirámide poblacional, reduce el relevo generacional, disminuye la base laboral futura, incrementa la carga para los sistemas de pensiones, y contribuye al envejecimiento acelerado de la población.
Estos procesos están ampliamente documentados en Europa, Corea del Sur y Japón, donde la caída de la natalidad ha desencadenado crisis demográficas de gran magnitud. México se encuentra en el umbral de un fenómeno similar.
Desde la perspectiva del interés nacional, impedir de forma sistemática el nacimiento de nuevas generaciones tiene consecuencias estructurales sobre el desarrollo, la economía y la viabilidad del Estado.
7. El aborto como interrupción de un orden comunitario natural
Sin recurrir a argumentos teológicos ni biologicistas, puede afirmarse que toda sociedad se sostiene sobre un equilibrio demográfico y cultural que permite su continuidad. Cuando dicho equilibrio se rompe —ya sea por envejecimiento poblacional, por bajos índices de natalidad o por políticas que desincentivan el crecimiento familiar— surgen crisis económicas, pérdida de “capital humano”, fragmentación comunitaria y debilitamiento de la cohesión social.
Desde esta perspectiva, el aborto masivo no es un problema moral en términos abstractos, sino un problema civilizatorio que incide directamente en el futuro de la comunidad política.
El “derecho a decidir” se alega como una cuestión de empoderamiento individual de las mujeres, pero los efectos acumulativos de millones de decisiones individuales pueden comprometer la viabilidad de la nación.
Por ende, si asumimos que las sociedades necesitan estabilidad demográfica, requieren continuidad generacional, y dependen de familias fuertes para sostener el tejido social., entonces la pregunta no es únicamente qué quiere cada persona, sino qué necesita la comunidad para sobrevivir y prosperar.
Desde esta óptica, la reflexión sobre el aborto no es un asunto de dogma, sino un tema de soberanía nacional, de justicia intergeneracional y de preservación del bienestar común.
Una crítica anticapitalista del aborto: la reproducción social como bien común
La discusión sobre el aborto se ha reducido en gran medida a un conflicto entre moral religiosa y libertades individuales. Sin embargo, existe un tercer marco que rara vez se discute: la perspectiva de la reproducción social, común en la sociología crítica, la teoría feminista materialista y el pensamiento comunitarista.
Desde esta óptica, la reproducción de la vida —la generación de nuevas generaciones, la continuidad cultural, los vínculos familiares y el mantenimiento del tejido social— constituye la base misma de toda sociedad.
El capitalismo tardío, especialmente en su manifestación neoliberal y su reconfiguración asistencialista, tiende a fragmentar a las familias, además de que contrapone los incentivos económicos frente a la crianza (precarización, incertidumbre, deuda) promover el individualismo extremo y reduce la vida humana a su dimensión productiva o utilitaria.
En este contexto, el aborto aparece —no como causa, sino como síntoma— de un modelo social que ha mercantilizado el tiempo, el cuerpo y los vínculos comunitarios.
Desde un punto de vista equilibrado, por tanto, que la defensa de la vida humana desde su inicio no se fundamenta en la moral religiosa o en la defensa de los derechos individuales del embrión, sino en la necesidad de resistir la reducción de la vida a mero recurso dentro del mercado laboral y del aparato económico.
Lamentablemente, la postura provida suele caricaturizarse como un producto de la derecha religiosa. No obstante, desde un punto de vista comunitario, la defensa de la vida humana es también una forma de resistencia contra el individualismo neoliberal, un compromiso con la reproducción y sostenibilidad de la comunidad, una crítica al capitalismo que precariza la crianza y atomiza las familias y una afirmación de la soberanía demográfica de los pueblos, especialmente en el “Sur global”.
El derecho a decidir, entendido en su dimensión estrictamente individualista, está alineado con la lógica neoliberal del “yo soberano” desligado de toda obligación comunitaria. Este modelo ignora que las decisiones personales, acumuladas en millones de casos, afectan directamente a la estructura social, a la economía nacional y a la supervivencia demográfica.
La postura provida comunitaria, en contraste, sostiene que la libertad debe ejercerse dentro del marco del bien común, no contra él.