En 1973, tras el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende en Chile, millares de detenidos, entre los cuales se encontraba el cantautor Víctor Jara, fueron llevados a estadios de fútbol para ser torturados o asesinados. En aquellos años, la indignación de la izquierda en gran parte del mundo era compartida por mucha gente de buena fe, que observaba la forma en que un recinto diseñado para la sana convivencia y la amistad internacional se transformaba en un foro que transformaba la destrucción de la dignidad humana en un espectáculo.
Cinco años después, en el Mundial de Argentina 1978, mientras los estadios se llenaban y las transmisiones mostraban un país festivo, a pocos kilómetros del estadio monumental de Buenos Aires, operaban los centros clandestinos de detención como la ESMA, donde opositores y sindicalistas eran torturados. En aquellos años, el gobierno del general Jorge Rafael Videla invirtió recursos considerables en infraestructura y campañas internacionales para difundir la imagen de un país estable y en orden. Además, el torneo se convirtió en vitrina diplomática donde delegaciones extranjeras asistieron sin cuestionar un contexto represivo que afectaba a europeos afincados en ese país y hasta a sacerdotes católicos. Mientras que en aquel entonces, la victoria incontestable de la selección local fue instrumentalizada como anestesia colectiva y como mensaje externo, el mundial de México 2026 podría pasar a la historia como una parodia grotesca de lo que sucedió en Argentina 1978.
Ciertamente, es justo reconocer que México no vive bajo una dictadura militar como la de Videla. Sin embargo, es innegable que estamos enfrentando una grave crisis de violencia ligada al crimen organizado, con desapariciones forzadas, impunidad estructural y la existencia de cientos de fosas clandestinas descubiertas a lo largo y ancho del territorio nacional.
En México, la celebración del Mundial se dará en un contexto donde grupos de búsqueda siguen excavando terrenos en todas partes para localizar los restos de sus familiares desaparecidos. Y aunque a diferencia de Argentina en 1978, esta tristísima realidad no es el producto de una política de exterminio estatal centralizado, es evidente que existe una combinación compleja de corrupción, colusión criminal y simbiosis estructural de las instituciones con los intereses más egoístas y perversos de los que podamos tener memoria.
Al igual que en Argentina, el contraste entre la fiesta futbolística y el duelo permanente de miles de familias plantea interrogantes éticos inevitables porque en México, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ni siquiera necesita censurar la información. Lejos de eso, a nuestros gobernantes les basta con privilegiar una narrativa de modernidad, equidad de género, inversión extranjera y proyección internacional mientras el problema de la violencia se desplaza discursivamente hacia el tema de la desigualdad o el legado de la conquista en 1521.
A lo que voy, es que la instrumentalización política del deporte no siempre adopta la forma de propaganda explícita, pues también puede operar mediante omisión, encuadre selectivo y gestión de prioridades. En el caso concreto de México, la narrativa oficial puede centrarse en la derrama económica, la renovación urbana y los “derechos” de las mujeres mientras la crisis de desapariciones se relega a un segundo plano.
Lo preocupante aquí no es en sí la “negación” de una realidad que golpea la vida cotidiana de millones de compatriotas, sino el hecho de que la hegemonía progresista normalice la hipocresía de una clase política cuyo discurso moralizante señala constantemente las fallas de otros a la vez que se rehúsa a reconocer las propias.
Por décadas, la izquierda progresista ha denunciado al mundial de Argentina 1978 como una perversa deformación del ideal deportivo a manos de una casta militar afín a los intereses de los oligarcas, los terratenientes y los Estados Unidos mientras avala la explotación de médicos o deportistas en Cuba y trivializa la tragedia que se vive a diario en gran parte del territorio nacional. Para la izquierda oficial, el problema de los desplazados en Guerrero puede compensarse con un sentido homenaje a Lucio Cabañas del mismo modo en que los abusos de las mineras canadienses y estadounidenses en comunidades indígenas importa menos que la promoción del chamanismo, por ejemplo.
Ciertamente, el México de ahora es muy distinto a la Argentina de 1978. No obstante, desde la perspectiva de las víctimas, la diferencia estructural no elimina la experiencia del dolor. Para las familias que buscan a sus desaparecidos, ya sea como consecuencia del terrorismo de estado o en el marco de una lucha territorial entre narcotraficantes y extorsionadores, la celebración masiva puede sentirse desconectada de la realidad cotidiana.
Además, la buena reputación institucional que pueda derivar de un evento como éste difícilmente podrá perdurar en el tiempo. En la Argentina de 1978, por ejemplo, el Mundial contribuyó a prolongar simbólicamente la legitimidad del régimen por un tiempo limitado pero no evitó su colapso posterior tras la Guerra de las Malvinas. Por ende, ni el éxito logístico ni la presencia de Shakira en el zócalo capitalino podrán sostener indefinidamente la narrativa de una clase política que ha fincado su poder en el engaño y la manipulación de la opinión pública.
Hoy por hoy, la pregunta no es si el mundial de fútbol debe celebrarse, sino si el evento será acompañado de una reflexión genuina sobre la violencia estructural y de políticas públicas serias para frenarla. Ciertamente, el Mundial 2026 no determinará el rumbo del país, pero sí ofrecerá un espejo incómodo porque será una oportunidad para mostrar infraestructura y capacidad organizativa, pero también un recordatorio sobre las contradicciones nacionales.
En México, incluso el aspecto deportivo en sí mismo podría jugar en contra de los intereses de los empresarios y políticos que promovieron el mundial como una oportunidad para atraer inversiones, pues mientras el seleccionado nacional que conquistó el título en 1978 era representativo de la sociedad argentina y tenía la calidad suficiente para impulsar un sano sentimiento patriótico a pesar de la dura realidad de la época, la mal llamada selección mexicana de fútbol solo es una marca comercial diseñada para vender camisetas pero no para construir victorias deportivas que generen optimismo en la población. Ya de antemano, la mediocridad del equipo nacional de seguro arruinará cualquier intento legítimo por fomentar el patriotismo deportivo pero aún si esto no fuese así, la lección histórica sugiere que el espectáculo no elimina la memoria. A lo que voy, es que del mismo modo en que los goles de Kempes no borraron los crímenes de la dictadura argentina, ningún evento deportivo, por más bien organizado que esté, podrá sustituir políticas públicas eficaces frente a las desapariciones y la violencia.
Con buena organización y algo de seriedad logística, el fútbol puede unir temporalmente, pero jamás podrá reemplazar la necesidad de verdad, justicia y reparación.