Es un hecho irrefutable que las políticas del Estado moderno, a menudo impregnadas de un aire de tecnocracia y distanciamiento burocrático, resultan ajenas a las necesidades y realidades del pueblo. Las instituciones y ramificaciones de ese Estado, erigidas para ser instrumentos de servicio, se han transformado en máquinas que sirven a intereses ajenos a la justicia y el bienestar colectivo. Aquellos que ostentan el poder no lo perciben como un servicio, sino como un botín sobre ruedas, un vehículo dispuesto para el expolio y la explotación. El Estado ya no cumple su función de protección y orden, sino que se ha convertido en un ente vacío, cuya estructura se ha desmembrado a medida que las élites que lo dirigen lo saquean sin remordimientos.
La imagen de un Estado parásito, regido por camarillas que se alimentan de la máquina estatal, no es una exageración. Hoy, el aparato gubernamental, en lugar de ser un sistema eficiente y al servicio del pueblo, se asemeja más a un bazar mafioso donde aquellos con una investidura oficial pueden actuar con plena impunidad, saqueando sin temor. Las instituciones, que deberían velar por el orden y el bienestar, han sido pervertidas, capturadas por la codicia y la corrupción, quedando reducidas a meros apéndices de los intereses privados.
Lo que antes era un Estado con funciones claras y propósitos nobles, ha devenido en un cuerpo sin alma. La policía, encargada de custodiar el orden, se comporta ahora como una banda de bandidos, dispuesta a saquear con el mismo desdén con que los delincuentes actúan en la calle. Los jueces, antaño defensores de la justicia, se han transformado en escribas al servicio de los saqueadores, legitimizando un sistema que devora todo a su paso. En este escenario, no existe contrapeso alguno contra el bandidaje, pues este ha sido legalizado bajo el barniz de la función pública.
El verdadero núcleo de esta corrupción sistémica radica en la sobreconcentración del poder económico y político en unas pocas manos. Este fenómeno genera una maraña de controles estatales, normativas restrictivas y un marco legal que, lejos de fomentar la virtud y la eficiencia, penaliza la iniciativa individual y premia la sumisión. Los altos tributos, las normativas laborales anacrónicas, las burocracias inertes y la corrupción institucionalizada actúan como una barrera infranqueable que paraliza el esfuerzo genuino de la ciudadanía. La capacidad de crear, innovar y prosperar se ve ahogada por un sistema que no favorece la competencia ni el libre mercado, sino que protege los intereses de una élite que se alimenta del sometimiento y la sumisión.
Es cierto que los liberales del siglo XIX no se equivocaron al reconocer que lo que verdaderamente mueve a los pueblos no es la caridad estatal ni el colectivismo forzado, sino el esfuerzo legítimo de los individuos y la recompensa justa por su trabajo. La creatividad, la prosperidad y la innovación florecen únicamente allí donde existen derechos de propiedad seguros, donde la información es transparente, donde la justicia es confiable y donde las reglas del juego son claras. El espíritu humano, esa llama que arde con fuerza y pasión, no puede prosperar en el vacío ni bajo las sombras de un sistema que ahoga la iniciativa. Necesita un entorno fértil, justo y propicio, un entorno que favorezca la libertad y el esfuerzo personal, no uno gobernado por las sombras y la corrupción.
Sin embargo, hay algo fundamental que los liberales no supieron comprender: nuestra propia historia. Creyeron que para prosperar, debíamos europeizarnos, renunciar a nuestras raíces y adoptar modelos ajenos a nuestra naturaleza. Este error, profundamente colonial, nos ha conducido por un camino de pérdida y frustración. Desde el momento mismo de nuestra emancipación, México ha venido discutiendo la relación entre sus raíces ancestrales y su destino moderno. Han pasado más de dos siglos desde que luchamos por nuestra independencia, pero el peso de ese fracaso como nación moderna sigue siendo una carga que nos acompaña.
Es fácil caer en la trampa de creer que nacimos para fracasar, que somos inferiores a otras naciones, y que nuestra historia está condenada a ser la de un eterno actor secundario en el escenario global. Pero esta visión es una ilusión sombría, una falsa narrativa que niega la grandeza de nuestro pasado. En tiempos precolombinos, México fue una civilización admirada por su sabiduría, sus avances y su capacidad para organizar una sociedad próspera. Incluso los pueblos europeos reconocían la grandeza de nuestros ancestros, que, sin los medios de transporte avanzados de Europa, lograron crear un orden económico que les permitió florecer en armonía con la naturaleza.
Y, sin embargo, los europeos de la época no eran inmunes a la barbarie. La Europa del siglo XVI no era, en muchos casos, el modelo de civilización avanzada que nos quieren hacer creer. En su propia tierra, el orden social y la organización política aún eran frágiles y, en muchos aspectos, retrocedían a formas de violencia similar a las de los pueblos que ellos mismos criticaban.
Incluso durante el periodo virreinal, en el México barroco, muchos países europeos miraban con envidia nuestra prosperidad y creatividad. Las Leyes Nuevas, impulsadas por Bartolomé de las Casas, intentaron asegurar la preservación y el respeto por las instituciones indígenas, permitiendo que los virreinatos se desarrollaran conforme a sus propios principios. Durante más de dos siglos, la vida en México era comparable a la de las naciones más avanzadas de Europa. Fue la Reforma Borbónica la que alteró este equilibrio, imponiendo una modernización europeísta que intentaba borrar las raíces autóctonas para hacer de México una simple extensión de España.
Por ello, la gesta de Agustín de Iturbide fue tan crucial: él no percibió la independencia como una ruptura con el pasado, sino como una reconciliación entre nuestras raíces indígenas y el espíritu católico que nos definía. Sin embargo, sus esfuerzos fueron truncados por intereses externos que temían un México autónomo y fuerte. La intervención de Estados Unidos e Inglaterra, aliados de los afrancesados, fue decisiva para debilitar nuestra nación antes de que pudiera consolidarse como un poder independiente.
Así, nuestras élites, influenciadas por ideas extranjeras, decidieron que nuestras tradiciones eran un obstáculo para el progreso. Adoptaron modelos políticos ajenos a nuestra realidad, que nunca lograron entender el espíritu profundo de nuestras comunidades. Este es el núcleo de la debilidad de la República Mexicana moderna: un país que nunca ha logrado encontrar un modelo propio, una constitución y un sistema político que broten de sus raíces y su historia auténtica.
Hoy, más que nunca, es necesario que México reconozca su verdadera identidad. Nuestro futuro depende de gestar una estructura política y económica que sea fiel a nuestra memoria ancestral, a nuestra experiencia concreta, y a nuestras legítimas aspiraciones como pueblo. Necesitamos un México que abrace sus raíces sin temor, que se reconozca en su historia y que recupere el camino hacia su verdadera grandeza. Solo así podremos forjar un destino propio, alejado de las sombras de un modelo que nunca nos perteneció.