La organización política de México ha descansado durante casi dos siglos en un modelo federal compuesto por estados soberanos. Este sistema, aunque históricamente significativo, ha mostrado limitaciones prácticas para enfrentar los retos contemporáneos de desigualdad regional, fragmentación administrativa, ineficiencia institucional y una profunda desconexión entre las fronteras estatales y las realidades culturales, económicas y geográficas del país. Esta situación ha motivado, de manera creciente, una reflexión seria sobre la posibilidad de replantear la estructura territorial y avanzar hacia un modelo de república unitaria descentralizada, con divisiones administrativas que respondan verdaderamente a las dinámicas de las regiones que conforman México.
En el siglo XIX, uno de los ejercicios conceptuales más relevantes en materia de organización territorial fue la división política propuesta por Manuel Orozco y Berra durante el Segundo Imperio Mexicano. A diferencia de la división estatal tradicional heredada desde la Independencia, esta propuesta se basaba en departamentos diseñados a partir de criterios geográficos, de comunicación, identidad regional y equilibrio administrativo. Aunque no se consolidó en el largo plazo, constituye un antecedente valioso para imaginar una estructura territorial que se adapte mejor a la complejidad del México actual.
Hoy en día, la pertinencia de esa aproximación vuelve a cobrar fuerza. Las regiones mexicanas no se corresponden necesariamente con las líneas estatales vigentes. La Mixteca, por ejemplo, se reparte entre Oaxaca, Puebla y Guerrero, lo que fragmenta la planeación del desarrollo, dispersa la inversión pública y limita la construcción de políticas coherentes. La Huasteca se encuentra dividida entre tres entidades —Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí—, lo que genera dificultades administrativas para atender problemas comunes en materia de infraestructura, marginación, salud y seguridad. Regiones altamente integradas económicamente, como La Laguna, viven bajo la dualidad administrativa entre Coahuila y Durango, pese a que su identidad y funcionamiento regional están profundamente unificados. Situaciones semejantes caracterizan a la Tierra Caliente o la Costa Chica, cuyas dinámicas sociales y económicas son claras pero quedan atrapadas en fronteras estatales que no reflejan sus realidades cotidianas.
Estas disonancias obligan a considerar si el federalismo mexicano, al menos en su forma actual, sigue siendo la estructura que mejor responde al país. La propuesta de un modelo de república unitaria descentralizada no implica la desaparición de la diversidad regional ni una concentración autoritaria del poder. Por el contrario, busca garantizar que exista un marco nacional coherente, con normas aplicables de manera uniforme, al tiempo que se otorga un grado más sólido y funcional de autonomía local en unidades territoriales definidas racionalmente.
La transición hacia un sistema de departamentos podría proporcionar múltiples ventajas. En primer lugar, permitiría una administración pública más eficiente al eliminar duplicidades entre gobiernos estatales y favorecer la integración de regiones funcionales. Un departamento diseñado según la realidad económica de La Laguna, por ejemplo, unificaría planeación urbana, recursos públicos, sistemas de transporte y estrategias de seguridad, permitiendo un desarrollo mucho más coherente. Lo mismo sucedería en regiones culturales como la Mixteca, donde podría desarrollarse una política comprehensiva que atienda a las comunidades indígenas sin la fragmentación actual, y donde un mismo departamento tendría herramientas completas para diseñar programas culturales, económicos y educativos integrales.
En segundo lugar, un modelo departamental podría corregir los desequilibrios históricos en materia de desarrollo económico. Muchos estados actuales conservan límites que responden a circunstancias del siglo XIX y que no necesariamente reflejan las necesidades contemporáneas de inversión, conectividad o distribución de recursos naturales. Un nuevo trazado permitiría fortalecer regiones con potencial productivo, aprovechar corredores logísticos y mejorar la competitividad nacional mediante una reorganización más cercana a la realidad del territorio.
En tercer lugar, la adopción de una república unitaria descentralizada permitiría establecer un marco jurídico más homogéneo. En México, la diversidad normativa entre estados produce situaciones de desigualdad y genera incertidumbre jurídica para empresas y ciudadanos. Con un sistema unitario, la legislación básica sería la misma en todo el país, mientras que los departamentos tendrían capacidad normativa limitada pero suficiente para atender sus especificidades locales. Esto daría claridad al funcionamiento institucional y consolidaría un Estado más coherente, sin sacrificar la sensibilidad regional.
Además, un sistema de departamentos podría mejorar significativamente la gobernabilidad. La situación de seguridad en varias regiones del país se encuentra profundamente afectada por la fragmentación administrativa. Grupos criminales operan con facilidad en los límites estatales, donde se diluye la coordinación entre corporaciones policiales. Una división territorial basada en realidades regionales permitiría diseñar estrategias de seguridad más integradas, con cuerpos policiales mejor coordinados y políticas uniformes dentro de un mismo territorio funcional.
El nuevo modelo también fortalecería la identidad regional. En lugar de diluirla, la haría más explícita y operativa. La Huasteca, la Mixteca, la Tarahumara o la Costa Chica no quedarían relegadas a subdivisiones invisibles dentro de grandes estados, sino que se convertirían en unidades políticas reconocidas, con voz propia y capacidad de gestión. Esto permitiría que la cultura y las necesidades locales fueran realmente atendidas por gobiernos que compartan las características de la población y el territorio.
Por supuesto, la transición hacia este tipo de estructura exige una cuidadosa planeación constitucional, administrativa y social. Es necesario garantizar la participación de las comunidades, definir mecanismos de descentralización financiera, salvaguardar las lenguas y culturas indígenas, y asegurar que ninguna región quede marginada en el proceso. No se trata de imponer límites desde un escritorio, sino de reconocer las geografías humanas y naturales que ya existen.
Sin embargo, el potencial transformador es enorme. Un México reorganizado territorialmente bajo principios de racionalidad geográfica, integración regional y coherencia administrativa podría resolver problemas que hoy parecen estructurales. La fragmentación que impide planear eficazmente el desarrollo, la desigualdad entre regiones, la duplicidad burocrática y la falta de estrategias unificadas dejarían de ser inercias inevitables.
Reimaginar el territorio no es una amenaza para la federación histórica, sino una oportunidad para actualizar la estructura del país a las necesidades del siglo XXI. La idea de departamentos basados en regiones culturales y geográficas no solo reivindica la riqueza diversa del país, sino que le otorga una base institucional fuerte y adaptada a la realidad. México no perdería pluralidad; la consolidaría. No perdería autonomía local; la reorganizaría para que funcione de manera más equitativa y eficiente.
El debate sobre la reforma territorial merece ocupar un espacio central en la discusión nacional. Pensar en un modelo de república unitaria descentralizada no significa renunciar a la tradición federal, sino analizar críticamente si esa tradición sigue garantizando el bienestar del país. Las regiones mexicanas tienen identidades claras, necesidades urgentes y una historia compartida que merece instrumentos administrativos adecuados. El país tiene la oportunidad de diseñar una estructura territorial que responda verdaderamente a su complejidad. Restituir la importancia de las regiones y reorganizar su marco institucional podría convertirse en uno de los proyectos más visionarios para el México del futuro.