Desde Chávez, el proyecto político iniciado en Venezuela a finales del siglo XX se definió a sí mismo como la antítesis del neoliberalismo. A los ojos del mundo, el discurso antiestadounidense, el papel del Estado, la reivindicación de los derechos sociales y la confrontación abierta con los organismos financieros internacionales colocaron al chavismo como un referente de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, es un serio error categorizar a un proyecto de nación tomando como base su retórica o sus alianzas geopolíticas sin tomar en cuenta los efectos estructurales que sus políticas económicas y laborales producen sobre la clase trabajadora y la planta productiva de un país.
Pese al aparente “nacionalismo” de Maduro, la liberalización de facto de precios, el abandono del control efectivo del mercado interno y la dolarización informal de amplios sectores de la economía se implementaron sin un debate público amplio ni una redefinición explícita del modelo económico. Mientras los precios migraron al dólar, el salario quedó anclado a una moneda fuertemente devaluada, lo cual ha propiciado una destrucción acelerada del salario real. En la práctica, el ingreso del trabajador dejó de cumplir su función histórica como mecanismo de reproducción material de la fuerza de trabajo.
Dicho sea de paso, este proceso no fue acompañado por políticas de indexación salarial ni por mecanismos de negociación colectivos de amplio impacto. Por el contrario, el salario fue progresivamente sustituido por bonos discrecionales administrados por el gobierno, que no están incluidos contractualmente y no surten efecto en las prestaciones sociales, antigüedad o derechos adquiridos. En efecto, lo que ahora pasa en la “socialista” Venezuela implica una ruptura profunda con la tradición del derecho laboral porque el ingreso deja de ser una relación social regulada y se convierte en una concesión “condicionada”.
Sobra decir, que los más afectados por estas políticas son los ciudadanos de a pie, que ante la imposibilidad de acceder a un salario digno se ven obligados o vivir de las ayudas que otorga el Estado. No obstante, las consecuencias ya son evidentes hasta en el propio sindicalismo oficial, pues las protestas laborales han sido criminalizadas, los dirigentes sindicales enfrentan procesos judiciales y las organizaciones de trabajadores han sido intervenidas.
Paralelamente, lo que se ha suscitado en Venezuela es una reconfiguración del papel del Estado en la economía, pues a diferencia de las privatizaciones clásicas, lo que ha habido es un traslado opaco de activos públicos hacia sectores privados sin marcos legales claros ni mecanismos de rendición de cuentas donde el Estado actúa como mediador en la consolidación de nuevos grupos económicos cuya acumulación no se basa en la productividad, sino en el acceso privilegiado a recursos y decisiones estatales.
Por tanto, aunque el chavismo diste mucho de ser socialista, tampoco puede considerarse como una forma “asistencialista” del “neoliberalismo” como lo que hay ahora en México. Lejos de eso, el régimen venezolano es una forma reorganizada de capitalismo rentista, donde la carga del ajuste recae en los trabajadores y empresarios productivos mientras se protegen o promueven espacios de acumulación privada. En efecto, la reducción del salario, la flexibilización de facto del trabajo y la precarización generalizada cumplen, en términos funcionales, el mismo rol que los “programas de ajuste” antiguamente aplicados por el FMI o el Banco Mundial en el contexto de la dominación estadounidense. No obstante, a diferencia de un “modelo neoliberal” que ya no puede quitarse de encima su mala imagen, el chavismo aún está en condiciones de usar las agresiones de Trump como pretexto para mantener vigente su fracasado y mediocre proyecto político.
Además, es innegable que la izquierda en gran parte del continente seguirá respaldando al régimen de Maduro, ya que su comprensión del “neoliberalismo” se asocia exclusivamente a su forma histórica más visible: privatizaciones masivas, ruptura abierta con el discurso social y subordinación explícita a organismos financieros internacionales. Bajo esta definición restringida, el gobierno de Maduro no sería neoliberal pues mantiene un discurso “antiimperialista” y se enfrenta a sanciones externas. Sin embargo, esta lectura omite que el liberalismo (viejo, nuevo y futuro) opera como una racionalidad económica, incluso en contextos de confrontación geopolítica.
En efecto, uno de los baluartes propagandísticos del chavismo es el bloqueo impuesto por Estados Unidos, pues para el gobierno venezolano, todas estas medidas no son sino mecanismos excepcionales de defensa económica ante una agresión externa. Sin embargo, conviene subrayar que éstas cosas no se dieron exclusivamente en el período de Nicolás Maduro, pues bajo el gobierno mismo de Chávez, el “proceso bolivariano” jamás rompió con las bases del capitalismo dependiente, sino que las administró bajo nuevas formas, apoyándose en la renta petrolera y en una alianza cívico-militar corrupta.
Por tanto, resulta inaudito que alguien pueda decir que la destrucción de la planta productiva, la entrega de los recursos naturales a otras potencias y la consolidación de un modelo donde el trabajador es la principal variable de ajuste, pueden servir como medios para enfrentar una agresión externa.
Lejos de eso, la ruina económica del narcoestado chavista terminará legitimando la intervención armada de Estados Unidos, sentando de este modo un mal precedente en la historia futura del continente.