La región sur y sureste de México ha experimentado, en los últimos años, una complejidad creciente en materia de seguridad. Aunque la violencia en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tiene raíces históricas diversas, el proceso de transformación territorial derivado de grandes proyectos de infraestructura ha introducido variables nuevas. Entre ellos, la construcción e instalación del Tren Maya ha reconfigurado dinámicas económicas, sociales y delictivas, generando tensiones que se expresan en manifestaciones de violencia. Esto no significa que el proyecto sea la causa directa ni única del fenómeno, pero sí constituye un factor que ha interactuado con otras presiones preexistentes.
La instalación de miles de trabajadores, la rápida urbanización de zonas previamente aisladas, la llegada de capitales externos y el aumento del valor de la tierra han creado un ambiente propicio para disputas de control territorial. Grupos delictivos, que tradicionalmente operaban más al norte del país, han encontrado en el sur un espacio de oportunidad para expandirse. Esta expansión ha sido facilitada por tres elementos centrales: el debilitamiento de estructuras comunitarias, la corrupción local y la ausencia de un modelo sólido de contención preventiva. El sur, durante décadas, mantuvo niveles de violencia relativamente bajos, en gran parte por la cohesión social y el aislamiento geográfico; al modificarse estas condiciones, la región se vuelve más vulnerable.
Uno de los fenómenos más visibles es la disputa por las rutas de movilidad y transporte. La construcción de vías férreas modernas no solo facilita el turismo y el comercio formal; también abre posibilidades logísticas para actividades ilícitas. Al incrementarse la conectividad, aumentan igualmente los incentivos para el control del territorio por organizaciones criminales, que buscan monopolizar cobros extorsivos, tráfico de mercancías ilegales y control político local. Cuando un proyecto altera profundamente la infraestructura de una región, los grupos delictivos tienden a adelantarse para ocupar espacios antes de que la autoridad establezca un marco de orden sólido.
Otra causa importante es la transformación demográfica acelerada. Zonas tranquilas que durante décadas mantuvieron poblaciones estables ahora reciben flujos masivos de trabajadores temporales, empresarios, turistas y migrantes. La llegada repentina de nuevos habitantes incrementa la presión sobre servicios básicos, encarece la vivienda, genera nuevas tensiones sociales e introduce lógicas urbanas en espacios que históricamente funcionaban con ritmos comunitarios. Esta mezcla, sin una estrategia robusta de ordenamiento, crea entornos donde la violencia puede surgir como una forma de disputa o regulación informal.
La corrupción municipal y estatal amplifica el problema. Cuando las autoridades locales carecen de profesionalización o se encuentran cooptadas por intereses privados o criminales, la expansión del delito encuentra pocos obstáculos. En regiones donde la policía municipal tiene recursos limitados, poca capacitación y escasa supervisión externa, los grupos delictivos pueden infiltrarse rápidamente. En muchos casos, los conflictos recientes en la zona sur están asociados a reacomodos de poder que se originan precisamente en el aprovechamiento de espacios institucionales frágiles.
Ante este escenario, una respuesta efectiva exige un cambio de paradigma. No basta con medidas superficiales, ni con estrategias discontinuas. Se requiere un modelo integral de seguridad que combine firmeza, inteligencia territorial y reconstrucción social. Este modelo debe partir de la premisa de que la violencia no se combate solamente con presencia policial, sino con una transformación profunda del Estado local y de la vida comunitaria.
El primer eje es la construcción de control territorial efectivo. Para restablecer el orden en zonas donde la criminalidad ha avanzado, se necesita una presencia institucional permanente, profesional y disciplinada. La autoridad debe operar con protocolos claros, cuerpos de seguridad unificados y una supervisión estricta que elimine cualquier margen para la corrupción. La vigilancia inteligente, los sistemas tecnológicos de rastreo, la coordinación interestatal y una justicia inmediata y confiable son piezas fundamentales. Sin embargo, la clave está en ganar el control real de los espacios físicos: caminos, nodos logísticos, áreas de alta movilidad. Cuando el Estado recupera cada kilómetro, el delito pierde capacidad de expansión.
El segundo eje implica blindar el proyecto económico que rodea al Tren Maya. La economía formal debe ser más fuerte que la economía delictiva. Esto requiere que los nuevos empleos, inversiones y cadenas productivas estén reguladas, supervisadas y blindadas contra extorsiones. Los empresarios locales y foráneos deben operar con seguridad jurídica, sin miedo a amenazas, cobros o interferencias ilícitas. Para ello se necesita una fiscalización activa, sanciones inmediatas y una política pública que priorice el desarrollo económico transparente.
El tercer eje se centra en la reconstrucción social. La violencia se instala en territorios donde las comunidades se fragmentan. Es indispensable fortalecer los mecanismos locales de mediación, restaurar la confianza en las autoridades y dar herramientas reales a las comunidades para participar en la vigilancia de su propia seguridad. La creación de redes vecinales, programas de desarrollo comunitario, incentivos para la permanencia de la juventud en actividades productivas y políticas culturales adecuadas son elementos esenciales. La cohesión social es, finalmente, el muro más resistente contra la influencia del crimen.
El cuarto eje radica en un ordenamiento territorial adecuado. La urbanización acelerada debe estar acompañada por un marco regulatorio firme: permisos de uso de suelo claros, protección del medio ambiente, mecanismos de consulta comunitaria y compatibilidad entre desarrollo turístico e infraestructura social. Sin orden, cualquier crecimiento económico se convierte en un espacio para la especulación, la violencia y el conflicto.
Finalmente, la solución pasa por una visión estatal fuerte, coherente y centralizada. Para enfrentar un fenómeno que se mueve con rapidez, fragmentación y violencia, se necesita una autoridad que actúe con decisión, sin vacíos, sin dubitaciones y sin concesiones. La seguridad se fortalece cuando las reglas se aplican con constancia, cuando la justicia se ejerce sin ambigüedades y cuando la autoridad transmite certeza. No se trata de imponer un modelo autoritario, sino de establecer un Estado moderno que funcione con orden, transparencia y eficacia.
En conclusión, el aumento de la violencia en el sur del país no es un fenómeno lineal ni monocausal. Es el resultado de la interacción entre transformaciones económicas aceleradas, reacomodos criminales, fragilidad institucional y dinamismos demográficos inéditos. El Tren Maya forma parte del contexto que ha reordenado estas variables, pero no determina por sí mismo el rumbo de la violencia. La clave está en cómo el Estado decide administrar este cambio. Si se implementa un modelo de seguridad integral, firme y bien coordinado, la región puede no solo contener la violencia, sino transformarse en un ejemplo de desarrollo ordenado. El sur de México tiene la oportunidad histórica de convertirse en un territorio seguro, próspero y estable, siempre y cuando la respuesta sea igual de profunda que los desafíos que enfrenta.