El campo mexicano atraviesa una de las etapas más críticas de su historia contemporánea. A pesar de su enorme potencial productivo, su riqueza cultural y su importancia estratégica para la seguridad alimentaria del país, la vida rural se ha convertido en un terreno profundamente afectado por la inseguridad, la extorsión, el abandono institucional y la falta de un modelo integral de protección estatal. Lo que alguna vez fue un espacio donde predominaban la cooperación comunitaria, la autosuficiencia y el orden local, hoy se ha transformado en un escenario fragmentado por disputas criminales, donde los productores enfrentan amenazas, cobros de piso y controles impuestos por grupos armados que se han infiltrado en la cadena productiva.
El problema es complejo y multifacético. En miles de comunidades rurales, los campesinos han visto cómo la delincuencia organizada se apropia de los ciclos agrícolas completos: desde la siembra hasta la comercialización. El cobro de derecho de piso ya no se limita a comerciantes o empresarios urbanos; se ha vuelto una presión constante sobre agricultores pequeños y medianos, quienes deben pagar para poder sembrar, transportar o vender sus productos. En muchas regiones, incluso el precio del maíz, la carne, el limón o el aguacate está determinado por estructuras criminales que operan como monopolios forzados. Esto no solo destruye la economía rural, sino que amplifica la pobreza, rompe el tejido social y empuja a miles de jóvenes a migrar o a involucrarse en actividades ilícitas.
El abandono del campo no es solo económico; es también institucional. La ausencia de presencia estatal en amplias zonas rurales ha permitido que actores no estatales controlen caminos, decidan quién puede trabajar y regulen actividades productivas. Las policías municipales, debilitadas por falta de recursos o cooptadas por intereses criminales, no logran brindar seguridad real. Las fuerzas estatales y federales, por su parte, suelen operar de manera intermitente, sin una estrategia territorial sostenida. El resultado es un vacío de autoridad que ha sido ocupado por quien tiene la fuerza inmediata y la capacidad de ejercer control.
Sacudir esta realidad exige un cambio profundo en la forma en que el Estado mexicano entiende el territorio y el papel del campo. No es suficiente con aumentar programas sociales ni con destinar más fondos a infraestructura agrícola. La verdadera solución requiere una política de seguridad completamente distinta, basada en el control territorial, la presencia permanente y la eliminación de la impunidad en regiones donde el Estado ha estado prácticamente ausente durante décadas.
La primera necesidad es recuperar el territorio. Sin territorio seguro, no puede haber productividad agrícola ni reconstrucción comunitaria. Esto implica la presencia constante de fuerzas de seguridad disciplinadas, profesionalizadas y ajenas a las redes locales de corrupción. No basta con operativos temporales; se necesita una estrategia integral que establezca puntos de control, vigilancia aérea, monitoreo de caminos y la instalación permanente de bases de seguridad en regiones estratégicas. Cuando el Estado se convierte en la fuerza más presente —y no la más intermitente—, los grupos criminales pierden su capacidad de intimidación y control.
Una estrategia territorial eficaz también exige un sistema de justicia que acompañe la presencia de la fuerza pública. De nada sirve desarticular a los grupos que operan en una zona si, al cabo de semanas o meses, los vacíos institucionales permiten que surjan nuevos actores armados o que regresen los mismos. Por ello, es imprescindible construir fiscalías regionales fuertes, con capacidad real de investigación, inteligencia financiera y protección a víctimas. La justicia debe acompañar a la seguridad en tiempo real y de manera sostenida.
Sin embargo, la recuperación del campo no puede limitarse al ámbito de la seguridad. Una vez recuperado el territorio, es necesario activar un modelo económico que devuelva al campo su papel estratégico. Esto incluye garantizar precios de garantía suficientes para los principales cultivos básicos, impulsar cooperativas rurales que permitan a los productores negociar en conjunto, crear corredores logísticos que aseguren la salida de mercancías sin intervención criminal, e instalar centros de acopio estatales donde los campesinos puedan vender su producción a precios justos.
El renacimiento rural también requiere infraestructura moderna. En muchas zonas del país, la falta de caminos pavimentados, sistemas de riego, electrificación confiable y acceso a tecnologías de producción limita gravemente la eficiencia agrícola. Una política de seguridad que no vaya acompañada de inversión productiva solo estabiliza la situación temporalmente; para que el campo se recupere de manera duradera, necesita prosperidad económica, servicios públicos y oportunidades claras para sus habitantes.
No menos importante es la reconstrucción del tejido social. El crimen organizado ha logrado arraigarse en zonas rurales no solo por su capacidad violenta, sino porque ha aprovechado el abandono estatal para llenarlo con estructuras paralelas de “orden” y control. Para desplazar estas estructuras, es necesario reactivar asambleas comunitarias, fortalecer autoridades tradicionales, apoyar sistemas de justicia indígena donde existan, promover programas educativos focalizados y abrir espacios para la participación juvenil en actividades productivas y culturales.
El objetivo final es devolver dignidad, seguridad y estabilidad al campo mexicano. Un país que no controla su territorio rural pierde su soberanía alimentaria, su estabilidad económica y su paz social. En cambio, cuando el campo florece, todo el país se beneficia: hay alimentos más accesibles, se reduce la migración forzada, surgen nuevos mercados internos y se equilibra el desarrollo territorial.
México tiene la capacidad y la necesidad urgente de emprender esta transformación. Lo que hace falta no es una idea novedosa, sino la decisión de actuar con determinación, continuidad y visión territorial. El campo no debe ser visto como un espacio periférico, sino como el corazón productivo y estratégico de la nación. Recuperarlo implica protegerlo, fortalecerlo y reconstruirlo desde sus raíces. El futuro del país depende, en gran medida, de la fuerza con la que pueda renacer su vida rural.