La captura de Nicolás Maduro, más allá del circo mediático debería desmitificarse. En efecto, mientras el presidente Trump alardea sobre la gestión y desarrollo de un operativo propio de un juego de video, el gobierno venezolano finge indignación ante la “desgracia”. Sin embargo, la romantización del suceso resulta ridícula si tomamos en cuenta que la mayoría de las imágenes que circulan en las redes fueron creadas por inteligencia artificial y que casi con toda certeza, sectores de peso en el gobierno venezolano decidieron entregarlo. Señalar que todos los efectivos que lo cuidaban fallecieron en un bombardeo resulta cómodo, aunque ciertamente la captura habría sido imposible sin que el entorno cercano o una parte de él haya estado colaborando. Sea como sea, el hecho de que Venezuela no haya sido entregada a la oposición liberal ni haya sido ocupada militarmente ciertamente implica un cambio de paradigma en la forma de operar de Estados Unidos, a comparación de lo sucedido con Bush, por ejemplo.
En dado caso, lo que sí es relevante es la información proporcionada por el servicio de aduanas, que detalle la transportación de oro por valor de casi 4,140 millones de francos suizos (unos 5,200 millones de dólares) a Suiza por parte del gobierno venezolano durante los primeros años de Maduro como Presidente. Hasta ahora, no hay conexión confirmada entre los activos personales incautados a Maduro por parte del gobierno suizo y el oro enviado por su gobierno. Sin embargo, la relación entre una cosa y la otra es altamente probable debido a la opacidad con la cual operaba la dictadura rentista venezolana.
La corrupción es indudablemente una característica de este tipo de gobiernos “progresistas” porque con el pretexto de “ayudar a la población” sus oficiales disponen de los activos estatales de manera irresponsable, sin que exista ningún tipo de rendición de cuentas. El chavismo es el ejemplo más grotesco por la naturaleza abiertamente corrupta y degradada de ese régimen.
Sin embargo, en contextos como el de Brasil o el de México, que son países mucho más diversificados económicamente y geopolíticamente mucho más importantes, las cosas toman formas más sofisticadas. En la actualidad, si bien no se puede hablar de partidas secretas, la opacidad se manifiesta a través de contratos oscuros con empresas ligadas al poder, cuyo desempeño sospechoso en obras de infraestructura no puede verificarse dado el ocultamiento de la información por motivos de “seguridad nacional”.
Lo sucedido con el descarrilamiento del tren en Oaxaca, por ejemplo, debería ser motivo de la más amplia indignación en nuestro país. No obstante, el suceso pasó casi desapercibido en la política nacional, con un gobierno y partido oficial que se concretaron a dar sus condolencias y una oposición incapaz de capitalizar lo sucedido.
En el México de hoy, al igual que la Venezuela chavista, existe una camarilla de personas ligadas al poder político que se despacha con la cuchara grande y que corrompe a las ya de por sí decadentes estructuras del estado mexicano mediante esos contratos. El dinero se usa además de manera discrecional porque el parlamento en manos del oficialismo no cuestiona prácticamente ninguna de las acciones del ejecutivo. Las dádivas y los regalos hechos a poblaciones improductivas constituyen también otro sello del populismo latinoamericano, donde el lumpen (la masa de desempleados crónicos, madres del bienestar y segmentos de población qué han perdido la disciplina para el trabajo) es instrumentalizado como guardia pretoriana en defensa de los políticos del sistema.
Para desgracia de Venezuela, es poco probable que el pueblo venezolano recupere los activos robados o transferidos, ya que el estado suizo suele ser igualmente opaco. En México, los hermanos Salinas y sus secuaces no devolvieron los recursos usurpados mientras las grandes potencias y naciones poderosas como Estados Unidos o Francia continúan permitiendo que políticos corruptos del mundo del subdesarrollo sigan adquiriendo propiedades con dinero de la población saqueada, beneficiándose de la corrupción que mantiene a cuatro quintas partes del mundo en la pobreza.